La Vanguardia 3/05/2013 JOSEP PLAYÀ MASET
En Cataluña hay 111.154 personas que perciben ayudas para atender a enfermos
Los nuevos recortes a la ley de la Dependencia incluidos en el Plan de Reformas aprobado por el Gobierno han hecho saltar las alarmas en el Tercer Sector. Y aunque reina la incertidumbre sobre el alcance de las medidas anunciadas, uno de los temores es que se va a reducir el número de cuidadores no profesionales, una de las medidas más valoradas de la aplicación de la ley.
Las entidades entienden que cuando el Gobierno habla de “adecuar las prestaciones a las necesidades reales de los dependientes y priorizar los servicios profesionales sobre las prestaciones económicas” está diciendo que puede haber revisión de los programas individuales de atención.
Hace unos meses, el Gobierno ya anunció que se reducía un 15% la prestación para el cuidado familiar y la eliminación del pago de cuotas de la Seguridad Social para estos cuidadores no profesionales.
Pero “priorizar los servicios profesionales” puede entenderse como una fórmula para favorecer otras medidas como los centros de día, la ayuda a domicilio o la teleasistencia, que pueden resultar más baratas a la Administración que el pago de los cuidadores familiares. Así lo expresaba ayer Francesc Pérez, presidente de Cocarmi (Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad), que integra nueve federaciones y asociaciones que dan voz a 540.000 personas con discapacidad física, intelectual, sensorial y a personas con enfermedad mental.
También la Taula del Tercer Sector se pronunció ayer: “Este nuevo recorte comportará, también, unas consecuencias indudables para los cuidadores familiares y los cuidadores profesionales que atienden a las personas con un grado de dependencia concreto, ya que se intensifica la precariedad de su trabajo y las familias recibirán menos ayudas para hacer frente a su situación particular”.
Existe el temor, dicen, de que miles de personas tengan que hacer frente a un coste que no podrán asumir. Actualmente, en Catalunya se ofrecen 207.575 prestaciones y servicios, que benefician directamente a 161.213 personas. Y la medida más utilizada es, con diferencia, la del cuidador no profesional, que beneficia a 111.154 personas.
En segundo lugar están las residencias para gente mayor, que benefician a 25.372 personas, y a continuación viene la teleasistencia y la ayuda a domicilio.
Pero la propuesta del Gobierno, avanzada anteayer por este diario, es absolutamente inconcreta. Sólo se sabe que con este cambio de prioridades se pretende ahorrar 289 millones de euros este mismo año.
Además, se anuncia un incremento del copago de un 5%, de forma progresiva y en tres años. En el 2013 supondrá ya un ahorro de un total de 339 millones, pero se supone que al aplicarse a mitad de año, representará la mitad de la cantidad de un año completo.
El anuncio gubernamental tampoco precisa si ese copago estará relacionado con la renta y el patrimonio. Se da por hecho que será así, pero no en qué medida.
En cualquier caso, Cocarmi denunciaba ayer que en la práctica supondrá que los beneficiarios de la dependencia pasarán de pagar de media el 10% de los servicios al 15% y que eso supondrá, en líneas generales, un aumento del 50% de las aportaciones.
Otro temor es que las prestaciones a los dependientes moderados, de grado I, que se han ido posponiendo, acaben por anularse definitivamente.